Los 27 países de la Unión Europea acordaron este lunes 27 de noviembre aliviar algunas sanciones a unos 10 países, entre ellos Venezuela, con el fin de facilitar el acceso a las organizaciones humanitarias en cada una de esas naciones a la ayuda humanitaria que se envía en situaciones de crisis.
De acuerdo con Europa Press, el Consejo Europeo introducirá excepciones en la congelación de activos que el bloque aplica a personas o entidades en Bosnia y Herzegovina, Burundi, Guinea, Líbano, Birmania, Nicaragua, Túnez, Venezuela, Zimbabue, al igual que en el tema de los ciberataques.
Esto permite a las organizaciones y agencias poder hacer transacciones con personas o entidades que están en la lista de sancionados si lo que se persigue es que llegue la ayuda a las zonas que lo necesiten.
La Unión Europea considera que esta flexibilidad en las medidas restrictivas adoptadas por el bloque -en línea con Naciones Unidas u otros socios internacionales- salvaguarda la acción humanitaria ofrecida por actores «imparciales».
El Consejo Europeo anunció el lunes 13 de noviembre que fueron extendidas las sanciones contra la administración de Nicolás Maduro al menos por seis meses más.
«El Consejo ha revisado las medidas restrictivas vigentes, de conformidad con el artículo 17, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/2063. Habida cuenta de dicha revisión, las medidas restrictivas contra todas las personas de la lista, a excepción de una persona que ha fallecido, deben prorrogarse hasta el 14 de mayo de 2024», establecieron en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE).
En el documento enfatizaron que «estas medidas no afectan a la población en general y pueden revertirse en función de los avances realizados en el restablecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en Venezuela».
Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en que el que rechaza la «arrogante e ilícita» decisión de la Unión Europea y les advierte que esa acción les «exime» de participar como observadores en cualquier elección que se haga en Venezuela.
A juicio de las autoridades, la UE persiste en una «política injerencista» en los asuntos internos de nuestro país al querer aplicar medidas «degradantes, dañinas e injustas» que buscan «castigar» a funcionarios que cumplen con sus obligaciones.
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