El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo desterró la madrugada de este domingo 14 de enero al Vaticano al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez, condenado a 26 años de cárcel y preso político desde hace más de un año, junto a otros 17 religiosos que fueron encarcelados entre las fiestas de navidad y año nuevo de diciembre 2023.
La información, publicada en el Confidencial y la Prensa de Nicaragua, indica que entre los otros desterrados están un obispo, 13 sacerdotes y tres seminaristas. Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del gobierno de Ortega o del Vaticano. El medio Confidencial señaló que obtuvo la confirmación por fuentes vinculadas a la Iglesia católica en el exilio.
Más de 100 reos de conciencia permanecen en las cárceles en Nicaragua, reseña el medio de comunicación.
Monseñor Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, es una de las voces pastorales y proféticas que más se ha escuchado dentro y fuera de Nicaragua en los últimos años.
La Policía encerró en el Palacio Episcopal de Matagalpa a monseñor Álvarez y a un grupo de sacerdotes y laicos el cuatro de agosto de 2022. Quince días después lo trasladaron de Matagalpa a Managua bajo casa por cárcel de facto.
El nueve de febrero de 2023, luego de rehusarse a aceptar la orden de destierro a Estados Unidos impuesta por el gobierno a 222 presos políticos, fue sacado del arresto domiciliario y trasladado a las celdas de máxima seguridad de la cárcel La Modelo, conocidas como El Infiernillo. Al día siguiente, la jueza Nadia Tardencilla Rodríguez, del Tribunal Segundo Distrito de Juicio en Managua, lo condenó a 26 años y cuatro meses de prisión en un proceso considerado por expertos como una “acción delictiva”.
Un segundo intento para desterrar a monseñor Álvarez ocurrió la primera semana de julio de 2023, esta vez a través de “contactos” que establecieron con el Vaticano. Pero el obispo no aceptó los términos impuestos para su destierro y fue regresado a su celda en “El Infiernillo” la mañana del miércoles 5 de julio.
Los 13 sacerdotes enviados al Vaticano pertenecen a la Arquidiócesis de Managua, Masaya y Carazo, que dirige el cardenal nicaragüense, Leopoldo Brenes.
El gobierno de Ortega ha sometido a 203 religiosos y religiosas al destierro, expulsión o negativa de ingreso a Nicaragua, desde 2018 a enero de 2024. Más del 80% de estas agresiones se registraron en 2023, cuando Ortega arreció su embestida contra la Iglesia católica.
“Fue el año -2023- más sanguinario. No porque yo diga, sino porque las cifras lo demuestran: 307 agresiones en 2023, más 3600 procesiones prohibidas, más 237 misas prohibidas en los cementerios. Secuestros, asedios, vigilancia permanente”, asegura la investigadora y autora del estudio Nicaragua ¿una iglesia perseguida?, Martha Patricia Molina al Confidencial.
El 9 de febrero de 2023 el régimen orteguista incluyó a ocho religiosos en un grupo de 222 exreos de conciencia desterrados hacia Estados Unidos. A ellos, se sumaron los doce sacerdotes arrestados y posteriormente, también desterrados al Vaticano para un total de 20. Otros 43 -entre curas, seminaristas y diáconos- fueron obligados a exiliarse por la persecución y vigilancia en sus parroquias.
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