Se cumple primer año del régimen de excepción en El Salvador

El presidente Nayib Bukele celebra este lunes la seguridad de El Salvador, una medida aprobada por la asamblea legislativa a petición de él, que ha permitido detener a más de 65.000 personas en el contexto de la lucha contra las pandillas.

Según Bukele el presente mes de marzo de 2023 está cerca de convertirse en el más seguro en toda la historia de El Salvador, según los registros oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC). “Ahora, un año después, cerramos con cero homicidios, y marzo 2023 se acerca a ser el mes más seguro de toda nuestra historia”, destacó en un mensaje en redes sociales.

Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad durante una aparición en el programa Frente a Frente, de la Corporación Salvadoreña de Televisión, declaró que para los 6.2 millones de salvadoreños el régimen de excepción es la esperanza y tiene más de un 96 por ciento de apoyo de la población.

Subrayó que luego de la aplicación de las medidas de seguridad el gobierno recuperó el control del territorio nacional, golpeó las estructuras de las pandillas, arrestó a 10 de los jefes nacionales y a más de mil 100 cabecillas.

De igual manera, dijo, que el país realiza coordinaciones con países vecinos, incluso con Estados Unidos, para extraditar a los pandilleros que están en sus territorios y que respondan ante sus leyes.
“No queremos que ningún país de la región tenga que transitar por lo que transitamos nosotros con más de 120 mil muertos a causa de la acción de las pandillas”, afirmó.

Según Villatoro, hay 66 mil 417 pandilleros detenidos a los que se ocuparon dos mil 547 armas, tres mil 292 vehículos y tres millones de dólares, entre otras logísticas.

Violación de derechos humanos

Por otro lado, Incidencia a favor de los Derechos Humanos en las Américas (Wola), el deccreto de emergencia por 30 días que pretendía reducir la violencia relacionada con las pandillas, ha permitido la suspensión de garantías constitucionales, y dado lugar a abusos contra los derechos humanos, perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado (incluyendo el ejército), y que ha agravado la corrupción.

“En un país con poco más de 6 millones de habitantes, 66.417 de ellos han sido detenidos desde que el estado de excepción fuera declarado. Más del 90 por ciento de estas personas han sido detenidas por períodos prolongados en prisión provisional, sin que un juez conozca sus casos”.

Según Wola, El Salvador está utilizando lo que debería ser una medida de emergencia temporal como una estrategia de seguridad ciudadana a largo plazo que restringe los derechos constitucionales y otorga al Estado el poder de llevar a cabo detenciones masivas arbitrarias, torturas y malos tratos, lo que incluso ha llevado a muertes bajo custodia.