Gobierno de Maduro es acusado por delitos de lesa humanidad según un documento de la CPI

En un documento de 22 páginas presentado el 30 de marzo ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, asegura que existe una base razonable para creer que en Venezuela se ha cometido "un ataque sistemático contra la población civil de conformidad con una política de Estado y la política de atacar a esta parte de la población fue, como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado específicas con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales”.

Dicho documento desmonta cada uno de los argumentos esgrimidos por el régimen de Maduro para intentar frenar la investigación por crímenes de lesa humanidad.

Gracias a la denuncia presentada por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina en 2018 cuando estaba en gestión eel presdente Mauricio Macri, se abrió el caso "Venezuela I" por la anterior fiscal de la CPI, la gambia Fatou Bensouda.

El Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner decidieron bajarse de esta denuncia colectiva en el 2021, ya que consideraban que “el problema de los derechos humanos en Venezuela iba desapareciendo".

En el documento, el fiscal de la Corte Penal Karim Khan, sostiene que “al menos desde abril de 2017 en adelante, miles de opositores percibidos o reales del Gobierno de Venezuela fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente objeto de formas de violencia sexual incluida la violación”.
Además dice que “las víctimas fueron sometidas a actos de violencia que incluyeron palizas, asfixia, casi ahogamiento y descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico”.

La Fiscalía de la CPI "llegó a la conclusión de que los posibles casos identificados son de gravedad suficiente para justificar la adopción de nuevas medidas por la Corte, a la luz de consideraciones cuantitativas y cualitativas, entre ellas la escala, la naturaleza, la forma de comisión y las repercusiones de los crímenes”.
Venezuela es el primer país del continente con investigación abierta por la CPI. El proceso está paralizado porque Maduro solicitó que se suspendiera la investigación por crímenes de lesa humanidad, ya que argumentó que en e país ya hay investigaciones en curso por parte de la Justicia chavista.

Aún así, el fiscal Khan ha sido enfático en su documento al señalar que“la totalidad de las investigaciones y procedimientos nacionales presentados por el Gobierno de Venezuela no reflejan suficientemente la investigación prevista por la Corte porque no ha habido ninguna investigación de crímenes de lesa humanidad. Las investigaciones se centran exclusivamente en oficiales de bajo rango y los crímenes se enmarcaron en términos de ‘casos aislados’ sin ninguna investigación sobre patrones“.

El objetivo de la CPI es investigar y castigar la cadena de mando, los altos funcionarios del régimen que ordenaron y permitieron perpetrar estas graves violaciones a los derechos humanos.
Por esta razón el fiscal Karim Khan ha señalado que la investigación en La Haya debe continuar. Será decidido en los próximos meses en la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, luego de haber recibido las observaciones del régimen, la respuesta del fiscal y los testimonios de más de 2 mil víctimas venezolanas.

El documento del fiscal de la CPI se hizo público el mismo día que se divulgó el informe de "Lupa por la Vida", una coalición de prestigiosas organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela, que documentó al menos 824 ejecuciones extrajudiciales en el país durante el año 2022, cometidas por militares y policías del régimen de Maduro.