Defiende Venezuela alertó de consecuencias del cierre de la Oficina del alto comisionado de la ONU

Defiende Venezuela, ONG dedicada a la defensa de los DDHH en Venezuela alertó sobre cinco consecuencias que puede generar el cierre obligado de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas en Venezuela, tras la expulsión del gobierno de Nicolás Maduro.

El pasado jueves 15 de febrero, Iván Gil, Ministro de Relaciones Exteriores y Canciller de la República anunció el cese de las operaciones de la Oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU – ACNUDH, así como la expulsión de su personal.

Esto significa un impacto negativo entre la conexión de la sociedad civil y los organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos, así como el seguimiento directo sobre los casos.

El abogado, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela, Ezequiel Monsalve, explicó que tales acciones gubernamentales podrían generar 5 consecuencias para el país:

1.- Ausencia de asistencia técnica en derechos humanos para el Estado

El cese de operaciones de la Oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU implica la falta de asistencia técnica especializada al Estado venezolano en materia de derechos humanos.

Esta ausencia puede dificultar el fortalecimiento de las políticas y prácticas gubernamentales para garantizar el respeto a los derechos fundamentales.

2.- Limitación en la protección de los derechos humanos de los venezolanos

La decisión de expulsar la Oficina Técnica del Alto Comisionado también sugiere una potencial limitación en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos.

Sin la presencia de un organismo internacional especializado, la capacidad de monitorear y abordar violaciones a los derechos fundamentales podría verse disminuida, poniendo en riesgo la seguridad y bienestar de la población.

3.- Abandono de la agenda de conexión de la sociedad civil con los mecanismos de protección

El cese de operaciones impacta negativamente la conexión entre la sociedad civil venezolana y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.

4.- Limitaciones en el acceso de los relatores de la ONU al país

La decisión de expulsar la Oficina del Alto Comisionado también puede resultar en limitaciones significativas para el acceso de los relatores de la ONU al país.

Esta restricción «dificulta la evaluación objetiva de la situación de derechos humanos en Venezuela, afectando la capacidad de los expertos internacionales para emitir informes precisos y recomendaciones fundamentadas», asegura la ONG.

5.- Limitación en el acceso a información objetiva y veraz para informes de recomendació

La falta de presencia de la Oficina Técnica del Alto Comisionado podría provocar limitaciones en el acceso a información objetiva y veraz para la elaboración de informes y recomendaciones.

Este déficit de información «confiable podría afectar la calidad de los análisis sobre la situación de derechos humanos en el país, obstaculizando los esfuerzos para abordar las problemáticas existentes», concluye Defiende Venezuela.